por admin | Jun 18, 2022 | blog
PRONABEC y el derecho a elegir la educación de preferencia
Por: Luis Lescano, experto en derecho educativo
En los noventa, con desastrosos ejercicios anuales en las finanzas públicas, la ausencia del Estado en la construcción de políticas educativas, la presencia de universidades públicas de élite, a las que solo acceden un grupo reducido de jóvenes, y de universidades privadas asociativas, también de élite por su alto costo, provocaron inevitables efectos en la demanda social por la educación superior originando, como consecuencia, la promulgación del D. Leg. 882 (1996) que promovió el ingreso al sistema educativo de centros de enseñanza privados bajo modelos societarios, aplicando las recomendaciones del Banco Mundial. Recordemos que en 1995 la tasa promedio de matrícula en la educación superior de los países de la OCDE alcanzaba el 51% mientras que en aquellos de ingresos medios apenas llegaba al 21%, y es que, como señaló el Banco Mundial, “El desarrollo de la enseñanza superior se relaciona con el desarrollo económico”.
Hoy, después de las exitosas dos primeras décadas del S. XXI, con diversidad de modelos educativos, de gestión pública, de gestión privada asociativa y de gestión privada societaria, el Perú casi ha duplicado su tasa de matrícula en la educación superior. Hoy, la realidad nos muestra que en Latinoamérica la educación superior privada supera el 50% de la matrícula, y en el Perú, aún después de la salida de la tercera parte de universidades cuyo licenciamiento fue denegado, el 70% de la matrícula descansa en universidades e institutos superiores privados. Esta realidad evidencia que, no obstante su costo, la demanda social en la educación superior prefiere y peticiona estudiar en instituciones con modelos educativos privados. Esta es la realidad y debemos reconocerla, nos guste o no.
Bajo esta realidad y desconociendo la demanda social en la educación superior, PRONABEC mediante R. D. Ejecutiva 045-2022 ha alterado los criterios del proceso de asignación de becas derivado del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2022, incurriendo en transgresión del artículo 13 de la Constitución que consagra el derecho fundamental de las personas -en este caso de los jóvenes participantes a Beca 18- de escoger el centro educativo de preferencia, recogido del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas-1948) de observancia obligatoria para el Perú.
Efectivamente, al modificar las tablas 7.1. y 7.2 del Sub Numeral 5.3.8.1 Criterios de Asignación de Becas del Expediente Técnico del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2022, PRONABEC ha cambiado las reglas previamente establecidas por R. D. Ejecutiva 205-2021, restringiendo y afectando derechos fundamentales de los jóvenes participantes en dicho concurso al no poder ejercer su derecho de elegir libremente la institución educativa de su preferencia, según sus aspiraciones y proyectos de vida.
Por su parte, las universidades, los institutos y escuelas de educación superior societarios, también se han visto afectados toda vez que, al aplicarse nuevos e indebidos criterios referidos a “Posición en la lista de universidades o institutos priorizados” y “Gestión o tipo de universidad o instituto licenciado”, se han alterado groseramente los puntajes en favor de las públicas, ocasionando que la asignación de becas no se dirija a instituciones educativas societarias. De esta manera, PRONABEC inventa un derecho a la educación superior pública, como si el derecho a la educación terciaria solo fuese posible ejecutarse, asignando becas exclusivamente en universidades e institutos de titularidad del Estado.
Aún más, la cuestionada R. D. Ejecutiva 045-2022 pretende aplicar retroactivamente nuevos y diferentes criterios en un proceso de asignación de becas en plena marcha, es decir, ya comenzado conforme a las reglas de la R. D. Ejecutiva 205-2021, lo que la convierte en una norma inconstitucional por ser violatoria del principio de irretroactividad contenido en el artículo 103 de la Constitución. Igualmente, transgrede el principio de predictibilidad dispuesto en el artículo IV de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que literalmente señala lo siguiente:
“1.15 Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o a sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá”
Estamos absolutamente convencidos que nuestro sistema de educación superior requiere fortalecer las universidades e institutos públicos, incrementando su población estudiantil y asegurando su calidad educativa, y que para tal propósito se deben priorizar los presupuestos nacionales en las instituciones educativas a cargo del Estado, de un Estado con limitaciones económicas, pero para ello no es necesario pisotear la Declaración Universal de Derechos Humanos ni la Constitución del Perú.
[1] Banco Mundial. La Enseñanza Superior – Lecciones derivadas de la experiencia, 1995. https://www.ses.unam.mx/curso2014/pdf/BMEnsenanza.pdf
por admin | Nov 18, 2019 | blog
El licenciamiento de institutos como escuelas de educación superior tecnológica ayudará a dinamizar la oferta educativa local y a cerrar la brecha laboral de personal técnico en el Perú. Entidades como Toulouse Lautrec e ISIL esperan incrementar el volumen de estudiantes y profesionalizar carreras vinculadas a administración, marketing, negocios, diseño y comunicaciones.
Las nuevas escuelas podrán otorgar el grado de bachiller a egresados de carreras de cuatro años (200 créditos) y deberán incorporar la innovación e investigación en su plan de estudios. Toulouse Lautrec fue el primero en obtener dicha licencia, su oferta educativa atenderá a sectores productivos que aún miran hacia el extranjero para contratar trabajadores. Otros cinco —ISIL, Idat, Zegel Ipae, Pontificia de Ayacucho y Khipu de Cusco— también tendrían la licencia al cierre del año.
Los institutos apuntan a acelerar su crecimiento. Toulouse Lautrec proyecta triplicar hacia el 2025 el número de sus alumnos matriculados, el cual ascendería de 7,000 hasta los 20,000. En tanto, ISIL espera que la demanda de alumnos crezca 30% al 2020; apunta a tener doce carreras licenciadas en los próximos dos años, siendo las primeras administración y dirección de negocios, comunicación estratégica, y marketing e innovación. “Son carreras que han sido diseñadas y seleccionadas pensando justamente en que despiertan un interés mayoritario de los alumnos y en que tienen el espectro de empleabilidad mayor”, señala José Miguel Marchena, gerente de innovación y desarrollo de ISIL. Por su parte, Zegel Ipae apunta al licenciamiento de administración de negocios, y el próximo año licenciará todas sus carreras.
El Ministerio de Educación (Minedu) espera reducir la percepción de los institutos como un servicio educativo inferior al universitario. La inclusión del ‘tecnólogo’ —término aún inusual en Perú— permitirá a los institutos ofrecer una educación escalonada entre el bachiller técnico (carrera de tres años) y el profesional tecnológico (carrera de cuatro años, egresado de escuela). “Estos tecnólogos tienen estas equivalencias universitarias que les va a permitir transitar hacia los niveles de mayor nivel educativo, como posgrado y maestrías”, comenta Rommy Urbano, directora de Gestión de Educación Superior Tecnológica del Minedu.
Innovación e investigación
La incorporación de la innovación e investigación en las escuelas haría que sus egresados —la futura fuerza laboral— cumpla con las exigencias del mercado. “Vamos a trabajar la línea de investigación aplicada a través de nuestra incubadora de negocios, que es Zegel Lab, donde tomamos problemas empresariales y presentamos soluciones. Nuestros estudiantes van a poder desarrollar negocio que resuelvan esa problemática”, señala Matías Escabini, vicerrector académico de Zegel Ipae e Idat. Por su parte, Toulouse Lautrec ha implementado los FabLab, que son espacios donde sus alumnos disponen de herramientas tecnológicas para crear proyectos de acuerdo a sus propias metodologías.
El licenciamiento también crearía una oportunidad para competir con la contratación de personal extranjero. “En muchos lugares del país están trayendo a técnicos calificados de otros lugares porque nosotros no los tenemos. Hay un mercado para jóvenes que deben salir de la educación superior tecnológica que no lo estamos atendiendo“, señala Luis Lescano, gerente de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú) y presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo.
Con una oferta vinculada a satisfacer la demanda productiva, las carreras con más proyección se inclinan hacia la minería, banca y construcción, coinciden las fuentes consultadas. Puestos como jefe de agencia en un banco o como supervisor de maquinaria pesada serían ocupados por los nuevos bachilleres de escuelas. Las empresas también piden especializaciones más específicas. “Hay competencias nuevas que se están requiriendo y que no se están cubriendo con profesionales que están egresando de carreras más convencionales“, piensa José Miguel Marchena, de ISIL.
Así, las nuevas escuelas podrían terminar con el paradigma de la educación superior en el Perú, “donde da la impresión de que el camino ineludible para el éxito es pasar por alguna universidad”, señala Marchena.
Fuente: Semana Económic
por admin | Oct 4, 2019 | blog
Nuestro país está viviendo una de las peores crisis de su historia, donde todos los sectores económicos están siendo afectados en mayor o menor medida. Ante esta situación, el gobierno viene tomando medidas muy acertadas, especialmente en el sector Educación, las cuales respetamos y apoyamos.
En este sentido, ha aprobado el dictado de clases a través de modalidad a distancia, siguiendo las mejores prácticas internacionales, logrando que la educación de nuestro país no se detenga. Desde ASISTE PERÚ aplaudimos esta medida y asumimos la inversión adicional que esto significa.
Además, con un espíritu de mejora continua, hemos recomendado un ambicioso plan para dotar de laptops y conectividad apropiada a tarifas especiales, dirigido a bene?ciar a docentes y estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios para este tipo de aprendizaje.
Sin embargo, queremos resaltar que los más de 400 institutos de educación superior (IES) privados, que concentran el 70% de la matrícula a nivel nacional, ya están siendo afectados por la crisis económica generada por la pandemia. Solo en el primer semestre del año, que es el más importante para los IES privados, la matrícula se ha contraído en un 20% en promedio en todo el sector. Esto signi?ca que más de 65 000 estudiantes han dejado de matricularse solo en el primer mes de la pandemia. Esto a pesar que las IES, haciendo el máximo esfuerzo posible, implementaron rápidamente programas de apoyo y ?nanciamiento especiales, para ayudar a sus estudiantes con mayores di?cultades económicas buscando que no se trunque su proyecto de vida.
La razón principal de esta caída radica en que el 73% de los estudiantes que se matriculan en un instituto provienen de familias de los sectores económicos C y D, las cuales están siendo afectadas severamente por las medidas actuales y continuarán afectados por los efectos económicos post-pandemia. Asimismo, se debe a que el 50% de los estudiantes se pagan sus estudios trabajando en el sector Servicios y otra parte importante son subvencionados por sus familias que se encuentran en el sector informal.
Por todas las razones expuestas, calculamos que en los próximos meses hasta 170 000 estudiantes más podrían abandonar sus estudios debido a la pérdida de sus empleos o de los familiares que los subvencionan producto de la contracción económica que viviremos.
Ante esta difícil situación que pone en riesgo la educación y el futuro de miles de jóvenes en el país, solicitamos apoyo al gobierno, poder legislativo, empresas y organismos multilaterales para tomar las siguientes medidas:
1.- Disponer de un amplio programa de becas de comunidad académica por este año, para estudiantes matriculados en los IES que tengan un rendimiento académico superior.
2.- Implementar un sólido programa de préstamo estudiantil para matriculados en los IES, con interés cero o blando, para cubrir las necesidades académicas de este año, y que puedan pagarse una vez el estudiante concluya sus estudios.
3.- Facilitar la implementación de una tarifa estudiantil de internet, con la finalidad de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Tenemos la firme convicción de que juntos saldremos adelante y lograremos que la educación del país y de nuestros jóvenes no se detenga.
por admin | Sep 20, 2019 | blog
En el Perú, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este esquema, el Estado “orienta” el desarrollo del país y actúa principalmente en áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, a través de regulaciones básicas que permitan su adecuada ejecución y beneficio social.
Asimismo, el Estado peruano –según la Constitución– “estimula” la creación de riqueza y garantiza las libertades fundamentales: libertad de empresa, comercio, industria, trabajo, contratación, inversión y demás, con la única reserva de que este ejercicio no sea lesivo a la moral, salud pública y seguridad. Es decir, vivimos en un estado pleno de derecho, en el cual las “libertades” son primordiales para nuestro crecimiento y competitividad.
En este contexto, la llamada “justicia tributaria” gira en torno a la política financiera y redistributiva que significa el pago y recaudación oportuna y justa de impuestos, pues sin ellos el Estado no tiene ingresos para sustentar los gastos que las demandas sociales generan, principalmente en infraestructura y servicios, a favor de toda la población. Así, en nuestro país, la presión tributaria en el 2018 alcanzó, en promedio, 14 % del PBI frente al 25.1% de países de la OCDE.
El grueso de nuestra recaudación proviene de impuestos indirectos como el IGV, cuyo monto para el 2018 fue de más de S/ 61,000 millones (8.2% del PBI) mientras que el Impuesto a la Renta ascendió a cerca de S/ 42,000 millones (5.6% del PBI). A diferencia de lo que sucede en diversos países del mundo, el IR en el Perú es aportado mayoritariamente por las empresas (65%) versus 35% de las personas, para quienes las tasas impositivas mínimas ascienden a 8%, muy por debajo del 10% que registran los países de la OCDE.
Según el Banco Mundial, un país en vías de desarrollo produce 35% del PBI en el sector informal, en el Perú, la cifra es de 60%. La microempresa representa el 96.5% y la pequeña empresa apenas 0.1%, y la informalidad campea, bordeando el 75%, “informalidad” que no tributa y no contribuye, por ende, al fondo común que sirve para reducir la desigualdad.
Así las cosas, tenemos que, en el Perú, solo el 30% de la PEA empleada declara IR a la Sunat, y de ellos solo el 10% tributa bajo el régimen de cuarta o quinta categoría, es decir, la obligación se reduce solo a aquellos con ingresos mensuales mayores a S/ 2,000.00 al mes, a pesar de que el salario promedio nacional es de aproximadamente S/ 1,660.00.
Las tasas de imposición tributaria personales se manejan sobre márgenes de 8%, 14%, 17%, 20% o 30%, según el volumen de ingresos. Es decir, queda claro que, en nuestro país, son los que más ganan y las grandes empresas con mayores ingresos las que tributan “más”. Por eso, el principio constitucional es el de estimular la creación de riqueza y no redistribuir pobreza, en realidad.
En el 2018, los márgenes de evasión fiscal han continuado muy altos y provienen principalmente de la evasión de IGV, la cual asciende a S/ 22,000 millones al año y significa casi el 36% del total de la recaudación nacional. El IR no se queda atrás, y registra también un altísimo nivel de evasión que alcanza más de S/ 35,000 millones al año. Es decir, un estimado de evasión en el pago de tributos, mayor a S/ 57,000 millones anuales, importante suma de dinero que no entra a las arcas fiscales para “redistribución”.
El Perú es un país que registra “desigualdad”, pero se trata de un asunto de repercusión mundial, en realidad, y resulta además importante distinguir entre “pobreza” y “desigualdad”: la pobreza se vincula con el ingreso medio de una sociedad, la desigualdad, con la distribución.
Por ello, como dicen conspicuos economistas mundiales, se puede tener países pobres muy desiguales, pero también países de ingresos medianos o altos, con altos niveles de desigualdad. Aun así, la desigualdad de los ingresos, según cifras del Banco Mundial, pone al Perú en la foto, por debajo de países vecinos como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Brasil.
Reducir la desigualdad no pasa, ciertamente, por criticar a los que obtienen riqueza, comparándolos con los que tienen menos o viven en pobreza, sino que pasa por estimular la creación de condiciones necesarias para generar mayor productividad, mejores ingresos, ciudadanos bien nutridos, sanos, educados, mayores fuentes de trabajo y, de esta manera, estimular la generación de mayor riqueza que aumente los márgenes de contribución y, por ende, los de redistribución a través de los canales correspondientes del Estado.
Solo generando riqueza y no “penalizándola” o “satanizándola” se lograrán reducir brechas de servicios públicos e infraestructura, necesarios para prosperar. La justicia tributaria no pasa, entonces, por criticar la riqueza, sino por promover y estimular su creación. La “justa” contribución de los ciudadanos de un país para con la “justicia tributaria” queda demostrada en las cifras y no en historias de lamentos, informalidad y evasión
por admin | Sep 2, 2019 | blog
En reunión se debatieron los lineamientos para la prevención, atención y monitoreo del COVID-19
Con el objetivo de establecer acciones de prevención y atención ante la presencia del coronavirus en nuestro país, funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) se reunieron con asociaciones de universidades en el país.
Participaron la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) y la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE Perú).
En la cita se presentaron y debatieron los lineamientos para la prevención, atención y monitoreo ante el covid-19 en las universidades, que el Minedu elabora con el objetivo de contrarrestar los riesgos para la salud, integridad y seguridad de la comunidad universitaria ante la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además
El presidente de la ANUPP, Orestes Cachay, sugirió dar una especial atención al personal docente y administrativo mayor de 60 años.
El presidente de ASUP, Iván Rodríguez, señaló que las facultades de medicina pueden efectuar campañas de prevención.
por admin | Ago 30, 2019 | blog
«Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección.»
Educación Superior: Pensar diferente y confiar más para dejar un buen legado Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección. A partir del cierre de algunas Universidades muchos estudiantes afectados no podrán reinsertarse , señala Fernando Barrios, educador y empresario.
Por Fernando Barrios educador y empresario
De acuerdo a información registrada, este año los estudiantes de Universidades se proyectaban a ser más 1.4 millones y los de Institutos 400 mil. En los últimos diez años dimos un salto muy importante en crear acceso a oportunidades de eduación superior para jovenes entre 17 y 24 años, ya que pasamos de 26 en el 2009 a 35 el 2019.
Sin embargo, y a pesar del avance impulsado principalmente por esfuerzos de capital privados, aún estamos muy resagados si nos comparamos con Chile y Colombia que superan el 54 de cobertura. Sabiendo que la eduación superior es una herramienta importante de movilidad social, monitorear esta brecha es importante porque se traduce en jóvenes que tienen acceso a empleos calificados y que, por lo tanto, aportan a la productividad del país. Cabe señalar que el número de estudiantes que estudian en universidades públicas ha disminuido.
En el 2008, se declararon 309,000 estudiantes en universidades públicas mientras que a finales del 2019 habían 300,000. Sin embargo, el presupuesto total de estas mismas universidades se incrementó de 2,401 millones a 5,449 en el mismo período según información del MEF . Se evidencia que en algunos años solo se ha podido ejecutar el 60 del presupuesto proyectado. Debemos fortalecer la universidad pública. Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección.
A partir del cierre de algunas Universidades muchos estudiantes afectados no podrán reinsertarse. Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia , las universidades privadas, como principales responsables de indicadores de cobertura y de inclusión social, afrontamos deserciones y reservas de matrícula mayores a 15 , así como tasas de morosidad por encima del 50 con tendencia creciente. En lo que va de la cuarentena, más de 350,000 estudiantes han dejado de estudiar o están en riesgo de dejar de hacerlo.
En el caso de los institutos tecnológicos, de acuerdo a datos de ASISTE – principal gremio privado del sector – las cifras son aún más alarmantes, ellos declaran que, a fines de abril, solo la mitad de los 480 institutos privados del país estaban funcionando con oferta de educación digital, y a la fecha, hay una deserción de 90,000 estudiantes, con una tasa de morosidad de 50 y más 80,000 estudiantes en riesgo de abandono. El futuro de los institutos está riesgo por su atomización ya que hay más de 200 institutos con menos de mil estudiantes, muchos de los cuales representan la única oferta en sus zonas de operación. Claramente, esta situación representa una crisis profunda a nivel país que debemos gestionar desde el más alto nivel. Sin embargo, las esferas políticas y periodísticas parecen haber decidido asumir una posición cuestionadora y conformacional en lugar de articuladora -. Solo bastaría anlaizar los proyectos de ley que hay en el congreso. Tanto Chile como Colombia han diseñado políticas de apoyo crediticio a la demanda de educación superior. El caso del ICETEX en Colombia es muy claro.
Al año 2018, tenían 636,000 estudiantes con algún tipo de crédito o subvención, del total de más de 2 millones 240,000 estudiantes. En el caso de Chile, se ha previsto mejorar el sistema de apoyo y el presidente Piñera ha impulsado la rebaja de la tasa de interés a 2 con mecanismos de apoyo estatal. La cobertura en Chile pasó de 600,000 estudiantes en el 2005 a 1.2 millones al 2018, justamente por políticas de financiamiento a la demanda. En el Peru tenemos Pronabec y una buena experiencia con Beca 18. Lamentablemente, no ha escalado a los niveles que se requieren. Por ejemplo, este año Pronabec ha previsto 5,000 becas universitarias y mil en institutos, pero han postulado más de 74,000. Tenemos una buena institución, pero sin la escala e importancia que se requiere. Acaba de publicarse el DS- 116 orientado al financiamiento de becas de continuidad, muy positivo, el monto previsto de 80 millones, tendría un alcance muy limitado, ojalá se incremente.
El gasto en educación es un tema prioritario para las familias peruanas, ya que hay una correlación directa entre el nivel de estudios alcanzados y los ingresos percibidos. Además, está demostrado que la tasa de retorno de los que tienen educación superior es mucho mayor a los que no la tienen. Inclusive mayor, en términos generales, para quienes estudiaron en instituciones privadas frente a quienes estudiaron en instituciones públicas. Las referencias las encontramos en Pronabec y en estudios de Yamada. El proceso de licenciamiento de universidades ha concluido, por lo que el piso estaría nivelado en términos de condiciones básicas de calidad.
La manera de demostrar que Sunedu logró su propósito sería precisamente dar confianza a las universidades licenciadas, para desplegar su misión y modelo educativo, para crear valor a sus estudiantes. El objetivo sería fortalecer a las universidades para que no sólo 3 de cada 10 peruanos y peruanas puedan alcanzar formación superior. Debido a la dinámica de la regulación no existe suficiente oferta de programas y formas de estudiar que se acdapten a las necesidades – cada vez más particulares de quienes ven en la educación superior una herramienta de progreso. La necesidad de los estudiantes es dinámica. Sin embargo, las universidades debemos esperar más de un año para crear nuevos programas y formas de entregarlos a nuestros estudiantes.
Las Universidades e Institutos somos exigidos a concentrar nuestros esfuerzos y recursos en cumplir con documentación y tramites que todos sabemos no agregan valor a la calidad. Consideramos muy positivo que Ministerio de Educación parecería haber dado un paso en el sentido correcto al facilitar la educación virtual, mejorando drásticamente el punto de vista reflejado en la Ley Universitaria. Esperamos con la mejor intención y expectativa que Sunedu evolucione en el mismo sentido. Está claro que si emperamos resultados diferentes necesitamos una visión y una actuación diferentes. Nuestros estudiantes esperan flexibilidad, agilidad, innovación y políticas concertadas; viabilizadoras de progreso social.
Nuestro país no necesita una élite académica, sino una sociedad empoderada. Tenemos una gran oportunidad. No permitamos que nuestro legado post covid se oriente a reducir la cobertura en la educación superior a niveles en los que se encontraba hace 15 años. Honremos el progreso y el esfuerzo de miles de familias que han confiado en la educación superior como un motor de desarrollo.
