por admin | Oct 4, 2019 | blog
Nuestro país está viviendo una de las peores crisis de su historia, donde todos los sectores económicos están siendo afectados en mayor o menor medida. Ante esta situación, el gobierno viene tomando medidas muy acertadas, especialmente en el sector Educación, las cuales respetamos y apoyamos.
En este sentido, ha aprobado el dictado de clases a través de modalidad a distancia, siguiendo las mejores prácticas internacionales, logrando que la educación de nuestro país no se detenga. Desde ASISTE PERÚ aplaudimos esta medida y asumimos la inversión adicional que esto significa.
Además, con un espíritu de mejora continua, hemos recomendado un ambicioso plan para dotar de laptops y conectividad apropiada a tarifas especiales, dirigido a bene?ciar a docentes y estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios para este tipo de aprendizaje.
Sin embargo, queremos resaltar que los más de 400 institutos de educación superior (IES) privados, que concentran el 70% de la matrícula a nivel nacional, ya están siendo afectados por la crisis económica generada por la pandemia. Solo en el primer semestre del año, que es el más importante para los IES privados, la matrícula se ha contraído en un 20% en promedio en todo el sector. Esto signi?ca que más de 65 000 estudiantes han dejado de matricularse solo en el primer mes de la pandemia. Esto a pesar que las IES, haciendo el máximo esfuerzo posible, implementaron rápidamente programas de apoyo y ?nanciamiento especiales, para ayudar a sus estudiantes con mayores di?cultades económicas buscando que no se trunque su proyecto de vida.
La razón principal de esta caída radica en que el 73% de los estudiantes que se matriculan en un instituto provienen de familias de los sectores económicos C y D, las cuales están siendo afectadas severamente por las medidas actuales y continuarán afectados por los efectos económicos post-pandemia. Asimismo, se debe a que el 50% de los estudiantes se pagan sus estudios trabajando en el sector Servicios y otra parte importante son subvencionados por sus familias que se encuentran en el sector informal.
Por todas las razones expuestas, calculamos que en los próximos meses hasta 170 000 estudiantes más podrían abandonar sus estudios debido a la pérdida de sus empleos o de los familiares que los subvencionan producto de la contracción económica que viviremos.
Ante esta difícil situación que pone en riesgo la educación y el futuro de miles de jóvenes en el país, solicitamos apoyo al gobierno, poder legislativo, empresas y organismos multilaterales para tomar las siguientes medidas:
1.- Disponer de un amplio programa de becas de comunidad académica por este año, para estudiantes matriculados en los IES que tengan un rendimiento académico superior.
2.- Implementar un sólido programa de préstamo estudiantil para matriculados en los IES, con interés cero o blando, para cubrir las necesidades académicas de este año, y que puedan pagarse una vez el estudiante concluya sus estudios.
3.- Facilitar la implementación de una tarifa estudiantil de internet, con la finalidad de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Tenemos la firme convicción de que juntos saldremos adelante y lograremos que la educación del país y de nuestros jóvenes no se detenga.
por admin | Sep 20, 2019 | blog
En el Perú, la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este esquema, el Estado “orienta” el desarrollo del país y actúa principalmente en áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, a través de regulaciones básicas que permitan su adecuada ejecución y beneficio social.
Asimismo, el Estado peruano –según la Constitución– “estimula” la creación de riqueza y garantiza las libertades fundamentales: libertad de empresa, comercio, industria, trabajo, contratación, inversión y demás, con la única reserva de que este ejercicio no sea lesivo a la moral, salud pública y seguridad. Es decir, vivimos en un estado pleno de derecho, en el cual las “libertades” son primordiales para nuestro crecimiento y competitividad.
En este contexto, la llamada “justicia tributaria” gira en torno a la política financiera y redistributiva que significa el pago y recaudación oportuna y justa de impuestos, pues sin ellos el Estado no tiene ingresos para sustentar los gastos que las demandas sociales generan, principalmente en infraestructura y servicios, a favor de toda la población. Así, en nuestro país, la presión tributaria en el 2018 alcanzó, en promedio, 14 % del PBI frente al 25.1% de países de la OCDE.
El grueso de nuestra recaudación proviene de impuestos indirectos como el IGV, cuyo monto para el 2018 fue de más de S/ 61,000 millones (8.2% del PBI) mientras que el Impuesto a la Renta ascendió a cerca de S/ 42,000 millones (5.6% del PBI). A diferencia de lo que sucede en diversos países del mundo, el IR en el Perú es aportado mayoritariamente por las empresas (65%) versus 35% de las personas, para quienes las tasas impositivas mínimas ascienden a 8%, muy por debajo del 10% que registran los países de la OCDE.
Según el Banco Mundial, un país en vías de desarrollo produce 35% del PBI en el sector informal, en el Perú, la cifra es de 60%. La microempresa representa el 96.5% y la pequeña empresa apenas 0.1%, y la informalidad campea, bordeando el 75%, “informalidad” que no tributa y no contribuye, por ende, al fondo común que sirve para reducir la desigualdad.
Así las cosas, tenemos que, en el Perú, solo el 30% de la PEA empleada declara IR a la Sunat, y de ellos solo el 10% tributa bajo el régimen de cuarta o quinta categoría, es decir, la obligación se reduce solo a aquellos con ingresos mensuales mayores a S/ 2,000.00 al mes, a pesar de que el salario promedio nacional es de aproximadamente S/ 1,660.00.
Las tasas de imposición tributaria personales se manejan sobre márgenes de 8%, 14%, 17%, 20% o 30%, según el volumen de ingresos. Es decir, queda claro que, en nuestro país, son los que más ganan y las grandes empresas con mayores ingresos las que tributan “más”. Por eso, el principio constitucional es el de estimular la creación de riqueza y no redistribuir pobreza, en realidad.
En el 2018, los márgenes de evasión fiscal han continuado muy altos y provienen principalmente de la evasión de IGV, la cual asciende a S/ 22,000 millones al año y significa casi el 36% del total de la recaudación nacional. El IR no se queda atrás, y registra también un altísimo nivel de evasión que alcanza más de S/ 35,000 millones al año. Es decir, un estimado de evasión en el pago de tributos, mayor a S/ 57,000 millones anuales, importante suma de dinero que no entra a las arcas fiscales para “redistribución”.
El Perú es un país que registra “desigualdad”, pero se trata de un asunto de repercusión mundial, en realidad, y resulta además importante distinguir entre “pobreza” y “desigualdad”: la pobreza se vincula con el ingreso medio de una sociedad, la desigualdad, con la distribución.
Por ello, como dicen conspicuos economistas mundiales, se puede tener países pobres muy desiguales, pero también países de ingresos medianos o altos, con altos niveles de desigualdad. Aun así, la desigualdad de los ingresos, según cifras del Banco Mundial, pone al Perú en la foto, por debajo de países vecinos como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Brasil.
Reducir la desigualdad no pasa, ciertamente, por criticar a los que obtienen riqueza, comparándolos con los que tienen menos o viven en pobreza, sino que pasa por estimular la creación de condiciones necesarias para generar mayor productividad, mejores ingresos, ciudadanos bien nutridos, sanos, educados, mayores fuentes de trabajo y, de esta manera, estimular la generación de mayor riqueza que aumente los márgenes de contribución y, por ende, los de redistribución a través de los canales correspondientes del Estado.
Solo generando riqueza y no “penalizándola” o “satanizándola” se lograrán reducir brechas de servicios públicos e infraestructura, necesarios para prosperar. La justicia tributaria no pasa, entonces, por criticar la riqueza, sino por promover y estimular su creación. La “justa” contribución de los ciudadanos de un país para con la “justicia tributaria” queda demostrada en las cifras y no en historias de lamentos, informalidad y evasión
por admin | Sep 2, 2019 | blog
En reunión se debatieron los lineamientos para la prevención, atención y monitoreo del COVID-19
Con el objetivo de establecer acciones de prevención y atención ante la presencia del coronavirus en nuestro país, funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) se reunieron con asociaciones de universidades en el país.
Participaron la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) y la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE Perú).
En la cita se presentaron y debatieron los lineamientos para la prevención, atención y monitoreo ante el covid-19 en las universidades, que el Minedu elabora con el objetivo de contrarrestar los riesgos para la salud, integridad y seguridad de la comunidad universitaria ante la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además
El presidente de la ANUPP, Orestes Cachay, sugirió dar una especial atención al personal docente y administrativo mayor de 60 años.
El presidente de ASUP, Iván Rodríguez, señaló que las facultades de medicina pueden efectuar campañas de prevención.
por admin | Ago 30, 2019 | blog
«Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección.»
Educación Superior: Pensar diferente y confiar más para dejar un buen legado Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección. A partir del cierre de algunas Universidades muchos estudiantes afectados no podrán reinsertarse , señala Fernando Barrios, educador y empresario.
Por Fernando Barrios educador y empresario
De acuerdo a información registrada, este año los estudiantes de Universidades se proyectaban a ser más 1.4 millones y los de Institutos 400 mil. En los últimos diez años dimos un salto muy importante en crear acceso a oportunidades de eduación superior para jovenes entre 17 y 24 años, ya que pasamos de 26 en el 2009 a 35 el 2019.
Sin embargo, y a pesar del avance impulsado principalmente por esfuerzos de capital privados, aún estamos muy resagados si nos comparamos con Chile y Colombia que superan el 54 de cobertura. Sabiendo que la eduación superior es una herramienta importante de movilidad social, monitorear esta brecha es importante porque se traduce en jóvenes que tienen acceso a empleos calificados y que, por lo tanto, aportan a la productividad del país. Cabe señalar que el número de estudiantes que estudian en universidades públicas ha disminuido.
En el 2008, se declararon 309,000 estudiantes en universidades públicas mientras que a finales del 2019 habían 300,000. Sin embargo, el presupuesto total de estas mismas universidades se incrementó de 2,401 millones a 5,449 en el mismo período según información del MEF . Se evidencia que en algunos años solo se ha podido ejecutar el 60 del presupuesto proyectado. Debemos fortalecer la universidad pública. Habiendo sido muy positiva la iniciativa de licenciamiento de universidades, el efecto del esfuerzo nos ha dejado un desafío muy importante por resolver: 160,000 jóvenes dejaron de acceder a oportunidades de educación superior en sus ciudades de referencia y en las carreras de su elección.
A partir del cierre de algunas Universidades muchos estudiantes afectados no podrán reinsertarse. Como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia , las universidades privadas, como principales responsables de indicadores de cobertura y de inclusión social, afrontamos deserciones y reservas de matrícula mayores a 15 , así como tasas de morosidad por encima del 50 con tendencia creciente. En lo que va de la cuarentena, más de 350,000 estudiantes han dejado de estudiar o están en riesgo de dejar de hacerlo.
En el caso de los institutos tecnológicos, de acuerdo a datos de ASISTE – principal gremio privado del sector – las cifras son aún más alarmantes, ellos declaran que, a fines de abril, solo la mitad de los 480 institutos privados del país estaban funcionando con oferta de educación digital, y a la fecha, hay una deserción de 90,000 estudiantes, con una tasa de morosidad de 50 y más 80,000 estudiantes en riesgo de abandono. El futuro de los institutos está riesgo por su atomización ya que hay más de 200 institutos con menos de mil estudiantes, muchos de los cuales representan la única oferta en sus zonas de operación. Claramente, esta situación representa una crisis profunda a nivel país que debemos gestionar desde el más alto nivel. Sin embargo, las esferas políticas y periodísticas parecen haber decidido asumir una posición cuestionadora y conformacional en lugar de articuladora -. Solo bastaría anlaizar los proyectos de ley que hay en el congreso. Tanto Chile como Colombia han diseñado políticas de apoyo crediticio a la demanda de educación superior. El caso del ICETEX en Colombia es muy claro.
Al año 2018, tenían 636,000 estudiantes con algún tipo de crédito o subvención, del total de más de 2 millones 240,000 estudiantes. En el caso de Chile, se ha previsto mejorar el sistema de apoyo y el presidente Piñera ha impulsado la rebaja de la tasa de interés a 2 con mecanismos de apoyo estatal. La cobertura en Chile pasó de 600,000 estudiantes en el 2005 a 1.2 millones al 2018, justamente por políticas de financiamiento a la demanda. En el Peru tenemos Pronabec y una buena experiencia con Beca 18. Lamentablemente, no ha escalado a los niveles que se requieren. Por ejemplo, este año Pronabec ha previsto 5,000 becas universitarias y mil en institutos, pero han postulado más de 74,000. Tenemos una buena institución, pero sin la escala e importancia que se requiere. Acaba de publicarse el DS- 116 orientado al financiamiento de becas de continuidad, muy positivo, el monto previsto de 80 millones, tendría un alcance muy limitado, ojalá se incremente.
El gasto en educación es un tema prioritario para las familias peruanas, ya que hay una correlación directa entre el nivel de estudios alcanzados y los ingresos percibidos. Además, está demostrado que la tasa de retorno de los que tienen educación superior es mucho mayor a los que no la tienen. Inclusive mayor, en términos generales, para quienes estudiaron en instituciones privadas frente a quienes estudiaron en instituciones públicas. Las referencias las encontramos en Pronabec y en estudios de Yamada. El proceso de licenciamiento de universidades ha concluido, por lo que el piso estaría nivelado en términos de condiciones básicas de calidad.
La manera de demostrar que Sunedu logró su propósito sería precisamente dar confianza a las universidades licenciadas, para desplegar su misión y modelo educativo, para crear valor a sus estudiantes. El objetivo sería fortalecer a las universidades para que no sólo 3 de cada 10 peruanos y peruanas puedan alcanzar formación superior. Debido a la dinámica de la regulación no existe suficiente oferta de programas y formas de estudiar que se acdapten a las necesidades – cada vez más particulares de quienes ven en la educación superior una herramienta de progreso. La necesidad de los estudiantes es dinámica. Sin embargo, las universidades debemos esperar más de un año para crear nuevos programas y formas de entregarlos a nuestros estudiantes.
Las Universidades e Institutos somos exigidos a concentrar nuestros esfuerzos y recursos en cumplir con documentación y tramites que todos sabemos no agregan valor a la calidad. Consideramos muy positivo que Ministerio de Educación parecería haber dado un paso en el sentido correcto al facilitar la educación virtual, mejorando drásticamente el punto de vista reflejado en la Ley Universitaria. Esperamos con la mejor intención y expectativa que Sunedu evolucione en el mismo sentido. Está claro que si emperamos resultados diferentes necesitamos una visión y una actuación diferentes. Nuestros estudiantes esperan flexibilidad, agilidad, innovación y políticas concertadas; viabilizadoras de progreso social.
Nuestro país no necesita una élite académica, sino una sociedad empoderada. Tenemos una gran oportunidad. No permitamos que nuestro legado post covid se oriente a reducir la cobertura en la educación superior a niveles en los que se encontraba hace 15 años. Honremos el progreso y el esfuerzo de miles de familias que han confiado en la educación superior como un motor de desarrollo.
por admin | Ago 19, 2019 | blog
El fomento de la educación superior tecnológica para la formación del personal que requieren la manufactura, industria, agro y otros sectores productivos del país, demandó Luis Lescano, presidente del Instituto de Derecho Educativo.
En conversación con el programa Hablemos de Educación, de Red de Comunicación Regional, Lescano dijo que, antes que gerentes, el país requiere trabajadores calificados ya que hay una alta demanda que no es cubierta, lo que obliga a contratar especialistas del extranjero.
El también gerente de la Federación de Instituciones de Educación Superior (FIPES), dijo esperar que el gobierno cumpla con la creación de Institutos Superiores de Excelencia en diferentes regiones del país.
El 2016, el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, anunció la conformación de los Institutos de Excelencia (IDEX), con una inversión inicial de 5 millones de soles para implementar los primeros seis en base al mismo número de Institutos Técnicos Superiores estatales de diferentes ciudades del país.
Al año siguiente, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y la ministra de Educación, Marilú Martens, anunciaron que el programa abarcará 26 Institutos de Excelencia, los que contarían con docentes altamente calificados, directores con capacidad de gestión nacional e internacional, programas de estudios conectados a las demandas laborales, equipamiento e infraestructura de primer nivel y redes de intercambio académico.
Daniel Alfaro, quien estaba al frente del Ministerio de Educación el 2018, aseguró que los primeros Institutos Tecnológicos de Excelencia serían el IST José Carlos Mariátegui de Moquegua, IST Francisco de Paula Gonzales de Tacna, y el IST Sullana de Piura. Además, estimó que los tres tendrían el licenciamiento ya concluido en el 2019.
Al respecto, Luis Lescano indicó que la ejecución del plan de Institutos Tecnológicos de Excelencia permitirá que los egresados de secundaria estudien carreras vinculadas directamente a las necesidades de empleo de sus respectivas regiones, lo que además ayudará al desarrollo económico local.
El especialista advirtió que en la actualidad los institutos tecnológicos públicos más reconocidos han sido descuidados por el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, ya que sus estudiantes deben practicar con equipos obsoletos por falta de renovación.
Asimismo, indicó que existe una demanda no cubierta para los egresados de secundaria. Detalló que actualmente hay alrededor de 4 millones de jóvenes entre 17 y 24 años, pero las universidades y los institutos superiores solo pueden atender a dos millones, por lo que se requiere ampliar las opciones para cubrir la demanda.
Acreditación universitaria
Luis Lescano reseñó que en 1996 se amplió la oferta de universidades con la emisión de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, lo que permitió a las universidades funcionar como sociedades comerciales.
Agregó que la reforma de la educación superior desde el 2014, con la creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEASE) y luego la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), ha permitido una mejora y se observan avances significativos en calidad.
Sin embargo, consideró que falta reorganizar e impulsar el SINEASE, ya que la función de acreditación garantiza una mejora continua de la calidad, a diferencia del licenciamiento que otorga la SUNEDU que solo certifica que la universidad cumple con las condiciones básicas para brindar el servicio educativo.
Lescano también expresó su preocupación por la falta de un Texto único de procedimientos administrativos (TUPA) en la SUNEDU, documento que debería detallar el procedimiento de licenciamiento. Explicó que la falta del TUPA, obligatorio en toda institución del sector público, podría ser utilizado por los promotores de las universidades que no obtuvieron licenciamiento para apelar la medida al Poder Judicial y obtener una resolución a su favor.
